Escándalos de Corrupción en Latinoamérica: Claroscuros

Arranca 2016 y Latinoamérica enfrenta grandes retos. Uno de ellos, para variar, la corrupción. El año 2015 estuvo repleto de escándalos mediáticos. Cuando no era México, era Brasil; cuando no era Chile, era Brasil (de nuevo). El diario La Nación de Argentina compila en su sugerente sección “Casos de Corrupción” un mosaico de los eventos regionales más sonados: Penta y Caval (Chile), Petrobras-Odebrecht-BTG (Brasil), Petrotiger (Colombia), Bautista (República Dominicana), Casa Blanca y OHL (México), Martinelli (Panamá), La Línea (Guatemala), Fútbol para Todos (Argentina)—éste último ligado al Caso FIFA, que también salpicó a Latinoamérica vía los organismos regionales CONCACAF-CONMEBOL. A tal grado se han vuelto los escándalos mediáticos pan nuestro de cada día, que la noticia es que no haya noticia de nuevos casos. (Dejé dicho a los editores de esta nota que agregaran nuevos elementos a la lista conforme fueran surgiendo.)

¿Hay motivos para preocuparnos? Por supuesto. En medio de un escenario global de bajo crecimiento, los escándalos de corrupción deterioran las condiciones económicas al generar incertidumbre y aversión al riesgo, frenando la inversión—un “lujo” que países en recesión (e.g., Brasil) no pueden darse. En el largo plazo, generan problemas de gobernabilidad, deslegitimación institucional y desigualdad económica. La moral y el civismo del ciudadano promedio quedan alicaídos cuando hay impunidad flagrante. Quizá en esto último pensaba Mario Vargas Llosa cuando declaró ante la prensa que “la corrupción es la mayor amenaza a la democracia en América Latina” (Diario La Nación, 05 de octubre de 2015).

Pero también hay motivos de esperanza. En primera instancia, ya vemos reacción política en algunos países: la caída del presidente de Guatemala, Otto Díaz, y el juicio político a Dilma Rousseff, en Brasil, se deben más al destape de corruptelas que al bache económico—aunque claro, el umbral de tolerancia del votante con las cúpulas de poder se deteriora cuando la economía anda mal, como lo anda ahora. El caso brasileño es particularmente clave para la región, pues los arrestos de políticos y empresarios corruptos mandan un mensaje claro al resto de las economías regionales: los “intocables” no lo son tanto cuando hay voluntad política y solidez institucional para combatirlos.

Además de las repercusiones políticas, los mercados de capitales han penalizado fuertemente los escándalos ligados a empresas listadas en bolsa. OHL México fue castigada en la Bolsa Mexicana de Valores un 20% en los 10 días posteriores a los escándalos de corrupción en licitaciones públicas (ver Gráfica 1). BTG Pactual cayó un 52% en la bolsa brasileña en los 10 días que siguieron al arresto de André Esteves, director y fundador del banco. Que las empresas hayan sido penalizadas refleja que los participantes del mercado anticipan menores ingresos futuros y/o multas a raíz de los escándalos. ¿Ustedes otorgarían concesiones a OHL sabiendo que cobra un sobreprecio valiéndose de toda clase de mañas? (A menos que reciban pagos de OHL, la respuesta es “no”, pues el costo de la obra se eleva).

ohlmex.png

Si bien las reacciones ante un escándalo de corrupción causan volatilidad e incertidumbre en el corto plazo, el peor escenario es la impunidad, pues (1) la continuación de malas prácticas distorsionan el sistema de precios de la economía, desincentivando la productividad y el espíritu innovador, causando además inflación y despilfarro de recursos públicos; y (2) su impunidad refleja languidez institucional y vulnerabilidad del Estado de Derecho. Si la impunidad es combatida y el mensaje es contundente, en el largo plazo los costos de jugar chueco se elevan. La economía se beneficiaría entonces de políticos y empresarios más concentrados en crear mejor política pública y mejores productos y servicios, que en beneficiarse a costa del ciudadano promedio.

¿Qué pueden hacer las múltiples partes del engranaje social para ayudar a que los casos de corrupción flagrante sean penalizados? Un primer paso es que la sociedad civil presione para que los organismos descentralizados sirvan de contrapeso a los abusos de poder. Su labor investigativa se puede blindar garantizando la autonomía jurídica y presupuestal. Asimismo, los medios de comunicación son cruciales para que otros casos salgan a la luz. Los mercados de capitales no pueden penalizar a las empresas corruptas si no hay información contundente que respalde las decisiones de inversión. Hay que tener en cuenta que aquellos casos donde las empresas no cotizan públicamente o que involucran a servidores públicos requieren de una intervención más oportuna de las contralorías y fiscalías. Una vez destapados los escándalos, el consumidor también puede castigar a las empresas corruptas evitando la compra de bienes y servicios ligados a éstas. Este punto incumbe también a los gobiernos (locales y federales), que deben severamente penalizar a aquellos contratistas con historiales turbios.

Todo impulso anti-corrupción queda incompleto si el poder judicial y la voluntad política se convierten “desde arriba” en obstáculos en el combate a la corrupción y no en complemento a los esfuerzos ciudadanos “desde abajo”. La conversión de la corrupción a la categoría de fenómeno socialmente inaceptable nos compete a todos, aunque en el corto plazo los costos sean altos. Que las cloacas se destapen de vez en cuando causa malestar, sí. Latinoamérica lo vivió en 2015. Pero ya abiertas las cloacas, el peor escenario social es no cerrarlas. Caso contrario, la inmundicia se propaga por las calles. Y terminamos todos por acostumbrarnos a ella. He ahí el gran reto regional para este 2016: seguir avanzando en el combate a la corrupción. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga.

¿Qué tal durmió Guillermo Padrés?

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